El objetivo de esta entrada es resumir las principales novedades que en materia de contratación pública se introducen por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019:

1. En primer lugar se establece el levantamiento de la suspensión de los términos y plazos de los procedimientos de contratación pública acordada por el Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, siempre y cuando se trata de procedimientos tramitados de forma electrónica. En consecuencia, las entidades del sector público podrán, desde mañana, con carácter general, retomar los distintos procedimientos de contratación.
2. Se introducen algunas modificaciones en materia de encargos a medios propios.
3. Se contempla la posibilidad de que se realicen anticipos a cuenta del importe de las indemnizaciones derivadas de la suspensión de los contratos de servicios y suministros de tracto sucesivo como consecuencia de las medidas adoptadas en el estado de alarma. Dicho anticipo tendrá que ser solicitado por el contratista y el órgano de contratación podrá exigir que se asegure por medio de garantía.
4. Se aclara respecto de las concesiones que hayan podido ser suspendidas como consecuencia del estado de alarma, que el reequilibrio solo procederá respecto de la parte del contrato que se haya visto afectada por la imposibilidad de ejecución. En consecuencia, el reequilibrio no afecta a toda la concesión.
5. En relación con los contratos de interpretación artística o de espectáculos celebrados por entidades del sector público
   de cuantía inferior a 50.000 euros , se contemplan las siguientes medidas: 1) La posibilidad de cambiarlos de fecha y realizar un anticipo de hasta el 30 por 100 del precio del contrato, sin necesidad de que se preste garantía en relación con dicho anticipo; 2) Si se opta por la resolución del contrato al no ser posible un cambio de fecha, se contempla la existencia de una posible indemnización de entre un 3 y un 6 por 100 del precio del contrato.