La restauración de la legalidad en materia de costas y su prescripción.

La Ley 2/2013, de 29 de mayo, modificó la Ley de Costas. Entre los preceptos a los que afectó la modificación se encuentra el artículo 95. La gran novedad introducida por la modificación es que respecto de las obligaciones de restauración de la legalidad en materia de costas, en particular en relación con las obligaciones de reposición y restitución a su estado anterior, se prevé ahora un plazo de prescripción de quince años a contar desde que por la administración se ordena la reposición y restitución. Ahora bien, la ley guarda silencio absoluto acerca del plazo del que dispone la administración para ordenar las medidas de restauración de la legalidad, lo que ha llevado a que surjan las tesis más variopintas: que no tiene plazo de prescripción, que el plazo es de 15 años, que dicho plazo es de 2 años, etc.

La cuestión ha sido abordada por la reciente Sentencia de 1 de diciembre de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (recurso de apelación 4458/2016) en la que se concluye que el plazo de prescripción es de 15 años. Veamos los razonamientos de la Sala:

“Considera la parte apelante que la ley últimamente citada eliminó la imprescriptibilidad de la facultad de la Administración de reponer la legalidad en los casos de comisión de una infracción de la Ley de Costas, ya que el artículo 92 anteriormente decía “El plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años para las graves y un año para las leves, a partir de su total consumación. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido”, y ahora su número 1, que es el que se refiere a la prescripción de las infracciones, se limita a decir “El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6 meses para las leves, contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable”. La redacción actual de este precepto resulta de aplicación en el presente caso, según la parte apelante, porque el procedimiento se resolvió cuando ya había entrado en vigor Ley 2/2013, cuya Disposición transitoria tercera dice: “Los procedimientos administrativos en trámite que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley , deberán ser resueltos conforme a la nueva normativa”. La eliminación de la referencia que contenía la anterior redacción del artículo 92 a la facultad de reposición de la legalidad supone, según la parte apelante, que el plazo de prescripción de esa facultad es actualmente el mismo que el de las infracciones. Frente a esta interpretación, la Administración sostiene que al no existir un precepto específico que establezca el plazo de prescripción de esa facultad la consecuencia es que no se produce y puede ser ejercitada en cualquier momento. Este argumento no puede ser compartido, pues la Ley 2/2013 también modificó el artículo 95 de la Ley de Costas y estableció un plazo de 15 años para la prescripción de la obligación, impuesta en resolución administrativa, de restituir y reponer las cosas a su estado anterior e indemnizar los daños irreparables y perjuicios causados, y sería ilógico que pese a existir una resolución se produjese la prescripción, y no se produjese, en cambio, en el caso de no existir procedimiento administrativo. Pero tampoco puede serlo el de la parte apelante, puesto que equiparar prescripción de la infracción y prescripción de la obligación de reposición de la legalidad tropezaría con el obstáculo de la diferencia de plazos de prescripción según la gravedad de la infracción, diferencia que es irrelevante para la reposición de la legalidad; y además los plazos para ejercitar la facultad de reposición de la legalidad suelen ser más amplios, al no ser una actuación sancionadora, que los establecidos para la facultad de sancionar, y así lo muestran otras normativas en materia de protección del dominio público, como la Ley de Aguas. Y la modificación simultánea por la Ley 2/2013 de los artículos 92 y 95 de la Ley de Costas en lo que se refiere a la reposición de la legalidad pone de manifiesto el propósito del legislador de establecer para el ejercicio de esa facultad por la Administración un plazo de prescripción de 15 años, no transcurrido en el presente caso, como indica la sentencia apelada, ya que no media entre el año 1999, en que resulta acreditada la existencia de la primera construcción, y el 24 de octubre de 2012 , fecha de incoación del procedimiento administrativo. El recurso de apelación, en consecuencia, tiene que ser desestimado.”

Al actor, como era de esperar, no le gustó la respuesta del Tribunal Superior de Justicia, y por ello, para defender su tesis (el plazo de prescripción es de dos años) ha preparado recurso de casación ante el Tribunal Supremo el cual ha sido admitido por Auto de 10 de abril de 2017 (recurso de casación 953/2017) toda vez que no existe jurisprudencia acerca de la norma cuestionada, esto es, el artículo 95. En particular, el Tribunal Supremo precisa en su auto que la cuestión que ha de ser esclarecida es la siguiente: “si el plazo previsto en el artículo 95.1 de la Ley de Costas (tras su reforma mediante Ley 2/2013) es de aplicación exclusivamente a partir de la imposición de las medidas de reposición de la legalidad, y si, por otro lado, los plazos de prescripción establecidos por el artículo 92 de la misma Ley , además de resultar de aplicación a las sanciones correspondientes, se aplican también a las medidas de reposición de la legalidad”.

A ver que respuesta nos da el Tribunal Supremo a tan peliaguda cuestión.


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